Publicado por Rosario Serrano Pavón.
Y esto, señores, es lo que debió pensar el Muy Ilustre Ministro de Justicia. ¿Quién hubiera pensado, hace tan solo tres meses, que olvidaríamos la actuación de sus predecesores? Incluso al Sr. Gallardón, que por poco no remata la Justicia con su famosa Ley de Tasas, posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y cuya ilegal recaudación ni está ni se espera que sea devuelta a los justiciables que pagaron por ejercer su Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva.
Y, es que, el pasado 29 de abril de 2020, se aprobó en el BOE de tapadillo (ni una sola palabra por parte del Presidente del Gobierno en su rueda de prensa al respecto) una norma que cambiará, esperemos que no para siempre, nuestro sistema judicial. ¿Su medida estrella? La habilitación de dos tercios de agosto.
¿Que por qué esta medida fastidia tanto a los operadores jurídicos?
No es casualidad que ni Abogados, ni Procuradores, ni Jueces, ni Fiscales, ni Letrados de la Administración de Justicia, ni los Funcionarios, ni tampoco las asociaciones que los representan, estén a favor de esta medida. Este Real Decreto Ley va en contra de la conciliación familiar, el derecho al descanso y la desconexión de todos los operadores jurídicos anteriormente mencionados. Pero, sobre todo, otorga una falsa sensación y apariencia de “hacer todo lo que se puede” por parte del Gobierno frente al pueblo. A esto se añade el hecho de hacer ver a la gente que los profesionales no queremos trabajar, o nos da pereza arrimar el hombro.
2 x 1, ni a Telepizza se le hubiera ocurrido un ofertón de esta índole.
Y es que, dejadme que os sorprenda, esta medida no es la panacea, ni va a solucionar los retrasos que llevamos arrastrando casi 50 años en la Administración de Justicia. A modo de ejemplo, os puedo confirmar que en mi Despacho tenemos abierto un expediente del año 2001. Creedme que no es un hecho aislado y, que los compañeros con más experiencia que yo os pueden contar muchas “anécdotas” similares.
Esto no se soluciona con la habilitación de agosto por varias razones:
- La redacción de este Real Decreto Ley infringe claramente la jerarquía de las normas. Una norma de este rango no puede modificar Leyes Orgánicas, ni mucho menos la Constitución Española. Por no hablar de su redacción y su técnica legislativa, más que deficiente y confusa, que no hace más que arrojar dudas e inseguridad jurídica al asunto. Justo lo que necesitábamos.
- Esta medida solo dará la falsa sensación de que en agosto se está trabajando, pero todas aquellas actuaciones que se prevean de manera presencial corren peligro de que deban volver a señalarse por el hecho de que en los meses estivales es muy complicado localizar y notificar a peritos, testigos y partes. A esto se les suman las vacaciones de los funcionarios, que se dilatan desde junio a septiembre. Realmente lo que haría que su productividad estuviera al 100% el resto del tiempo, sería que se concentraran sus vacaciones en el mes de agosto. Todo ello conllevará la suspensión de gran parte de los procedimientos judiciales. Justo lo que necesitábamos.
- Esta medida corre peligro de eternizarse en el tiempo, porque, derecho perdido, derecho casi imposible de recuperar. Esto conllevará perjuicios para todos, pero sobre todo para los profesionales que nos dedicamos a defender a los demás. Justo lo
que necesitábamos. - ¿En qué condiciones se llevarán a cabo estas actuaciones judiciales? En gran parte de los juzgados el aire acondicionado es un artículo de lujo y si a eso añadimos que puede ayudar a propagar el virus es justo lo que necesitábamos, una vez más.
Estas y muchas otras son las razones que podrían resumir el porqué de que la práctica totalidad de los operadores jurídicos (y sus representantes) rechacemos las medidas aprobadas el pasado 29 de abril de 2020, y en concreto, la habilitación de parte del mes de agosto. Pueden consultar perfiles tan interesantes en twitter como los de @josemuelas, @natalia_velilla, @ladycrocs, @escar_gm, @JudgeTheZipper o @cjgalan (cuyo fantástico artículo al respecto recomiendo) que, con alta probabilidad serán capaces de explicarlo todo mucho mejor que yo.
La única solución que debería admitirse para la mejora de la Justicia es la inversión. DINERO, MUCHO DINERO, invertido en soluciones tecnológicas y en personal. ¿Alguien se explica que la Justicia haya estado parada durante todo este Estado de Alarma, y lo que resta de él previsiblemente? No ocurre lo mismo con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. Ellos sí están teletrabajando en casa desde el primer día. ¿Casualidad? No lo creo.
Los medios tecnológicos de los juzgados y tribunales de este país son propios del siglo pasado. No os hacéis una idea de lo que cuesta realizar una mísera videoconferencia en sede judicial, para que, a duras penas, cuando por fin se consigue, se pueda oír con claridad.
Simplemente, no conviene. ¿Por qué somos uno de los países de la Unión Europea con menor ratio de jueces por ciudadano y, sin embargo, también somos uno de los Estados de la Unión Europea con mayor número de políticos por ciudadano? Porque esa misma Justicia es la que nos tiene que juzgar a todos por igual y no interesa que se les dote de medios y personal, para que sea ágil y rápida. Saquen sus propias conclusiones.
No, señores, el principal problema de la Justicia no es la entrada de este mundo en pandemia. Es un retraso estructural. La quieren matar.
Por último, solo me queda recordar que la Justicia, si es lenta, no es Justicia y que un Estado Democrático no lo es tanto si la Justicia, como ocurre, está agonizando.
Discusión Jurídica 